El Absolutismo, ¿en realidad fue tan absoluto?

Es problemático definir lo que era un Estado en la Edad Moderna; existen unas características generales y unas pautas que se repiten, pero hay variaciones importantes que deberíamos tener en cuenta: Los estados surgidos del renacimiento acostumbran a ser definidos como «monarquías absolutistas», pero esto puede llevarnos al equívoco, ya que no eran tiranías. Simplificando podríamos decir que se corresponden a un sistema político basado en la centralización, tienen un uso generalizado de la burocracia, un ejercito potente y una fiscalidad intrusiva. Además su autoridad gubernamental domina la aristocracia feudal que termina integrándose en las instituciones políticas.   

Entonces, ¿no existe el absolutismo? Sí, en realidad existe, sobre todo si consideramos como tal un régimen político centralizado y unipersonal, con un poder compartido con unos órganos judiciales que desarrollan la administración del reino; pero el absolutismo no es una actuación libre por parte del monarca, sino una actuación consensuada con estos órganos. 

Los autores contemporáneos al «régimen absolutista» no lo veían así; muchas veces no encuentraban el contrapunto de las instituciones gubernamentales y consideraban que al poder absoluto del monarca sólo se le podían enfrentar las leyes divinas y naturales, ya que éste era una especie de padre de familia, que actuaba de manera dulce y era amado por los súbditos. Por cierto, Maquiavelo opinaba lo contrario, ya que para él, política y moralidad rara vez van juntas y el miedo es siempre la mejor herramienta para dominar a los súbditos.  

En realidad era el aparato burocrático quien organizaba y mantenía la red jurisdiccional en todo el reino; era un mediador y era quien trataba con nobles, eclesiásticos, recaudadores de impuestos y oligarcas urbanos… los verdaderos actores del absolutismo. El poder se articula gracias a ellos, ya que sin esta red compleja, por muy unipersonal que fuera el poder real, el rey no podía actuar sin el sometimiento a las instituciones que lo sustentaban. Si el monarca estaba limitado por las instituciones, también lo estaba por la propia estructura del reino; muchos de estos reinos eran lo que se ha denominado «monarquías compuestas», es decir, aquellas que, bajo un mismo monarca, hay un conjunto de reinos o estados que mantienen cada uno de ellos su identidad institucional.   

Esto añade otros problemas, ya que el mantenimiento de las instituciones propias de muchos territorios provocaba una inestabilidad territorial generalizada. Había inconvenientes, pero la mayoría de estados europeos de este período histórico siempre incluían más de un país bajo un mismo soberano y estos se cohesionaban según diferentes métodos, como por ejemplo la aeque principaliter («Igualmente importante»), término que da a entender que cada uno de los reinos era igual a los otros, aunque en algunos casos había uniones entre estados soberanos y en otros había una gran desigualdad entre los reinos; por tanto se trataba de una figura que no era tan habitual como parece serlo sobre el papel. 

Este sistema ocasionaba que los diversos reinos fueran tratados como entidades diferentes, manteniendo leyes y privilegios, y actuando el rey de manera individual en cada uno de ellos como si no existieran los demás, pero los «otros» existían, y las confrontaciones y disputas entre los diferentes reinos bajo un mismo soberano eran habituales. Todo ello provocó levantamientos rurales en los primeros decenios del XVII. Estas sublevaciones, inicialmente solo eran eso: temas eminentemente rurales (quejas y protestas debido a recaudaciones de impuestos o quintas militares), pero pronto arrastraron a otros estamentos llegando a constituir verdaderas rebeliones políticas. 

 

Estas rebeliones fueron consideradas reacciones de la nobleza ante las tentativas de modernización llevadas a cabo por los estados y la presunta pérdida de estatus pero, como el estado moderno no era incompatible con la hegemonía aristocrática, las razones solían ser otras.

A modo de ejemplo, recordemos que el absolutismo borbónico hispánico impuso el Principado de Cataluña principios que eran ajenos a sus tradiciones (por ejemplo, la autoridad real por encima de la ley, y la libertad total para la recaudación de impuestos). Este fue uno de los desencadenantes de la Guerra de Sucesión, que se presentó como una lucha contra un «tirano absolutista», Felipe V.

En realidad, en este caso, y tal como he dicho antes, el absolutismo no estaba suficientemente definido como por considerarlo como tal. Su política chocaba con las tradiciones del principado, eso sí, pero la preocupación real se centraba en las finanzas y si deseaba suprimir los privilegios de los reinos de Aragón y Valencia era para evitar excusas que impedían el cobro de impuestos que iban casi exclusivamente a la financiación del ejército. Pensemos que (y es un cálculo bastante real) se consideraba que para dar de comer y equipar a las tropas españolas se necesitaban unos diez millones de escudos, y el dinero disponible no llegaban a tres millones; además, Felipe V tenía que financiar las tropas francesas que la estaban ayudando.

En otras partes de Europa los conflictos originados en el mundo rural tenían más que ver con el mantenimiento de la servidumbre que con proclamas nacionalistas. La clase feudal quería mantener los privilegios ligados a la tierra y eso sólo lo consiguieron implantando su régimen por la fuerza y cortando de raíz cualquier intento de rebelión del campesinado.

Todas estas revueltas tenían la necesidad de apoyarse en las élites aristocráticas y esto hizo que estas multiplicaran su poder aprovechando que el monarca no podía gobernar sus dominios eficazmente sin su ayuda y, además, se veía obligado a compensarlos de alguna manera ya que, al igual que precisaba el dinero de los burgueses para recuperar las dañadas finanzas reales, necesitaba los nobles como objetivo vital para estos burgueses, coaccionándolos con la oportunidad de conseguir títulos nobiliarios.

Evidentemente quien tenía más que perder era la vieja aristocracia, ya que las estructuras administrativas estaban copadas por la nueva burguesía adinerada y esto ocasionó que las monarquías de la Europa moderna, en lugar de ser la anticipación del estado contemporáneo, fueron el epílogo de la sociedad estamental medieval.

No podemos negar que el estado-nación de la era contemporánea nace en la Europa moderna, pero fue en Francia, a partir de Luis XIV y sobre todo desde la Revolución Francesa, cuando realmente aparece. Ayudó la herencia de la Europa Medieval, con su confuso mapa político, de manera que la única homogeneidad europea estaba en el concepto de cristiandad latina.  

Esta confusión fue uno de los principales obstáculos para la creación de este estado moderno, junto con las resistencias, por razones muy diferentes, del campesinado colocado entre la espada de las guerras y la pared de los impuestos, y la nobleza, que veían como cada vez se recortaban más sus privilegios. Pero el estado-nación acaba apareciendo, sobre todo tras el tratado de Westfalia (1648) cuando se da paso a una definición (o sea limitación) de los estados y del poder de sus soberanos.   

Un nuevo orden social se hace con el poder y las revoluciones (la inglesa de 1642 a 1689, la americana de 1776, la francesa de 1789, la de 1830, la de 1848 y, evidentemente, la industrial) acaban de cohesionar los nuevos estados surgidos de la Guerra de los Treinta años, uniformizando los derechos de los ciudadanos. El pertenecer a un estado es un bien al que se aspira, no un infortunio que se padece.    

El nacionalismo nace y el estado moderno ya es una realidad.      

Bibliografía

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